Las fosas

Pocos países, que yo conozca, tienen tantos esqueletos en el armario como España, hablando tanto en sentido figurativo como en un sentido más literal.

Nunca me ha dejado de sorprender el hecho de que todavía existen esparcidas por toda España fosas comunes con más de 113.000 cuerpos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión posterior. Me parece una cifra enorme. Casi equivale al número de habitantes en mi ciudad en Dinamarca, Aalborg, que es la cuarta ciudad del país.

Tratando este tema, siempre me viene a la mente un comentario del catedrático Alberto Reig Tapia, al que entrevisté en una de las muchas ocasiones en las que he escrito sobre la llamada memoria histórica: “En un país democrático no se puede tener a gente enterrada al lado de la carretera como si fueran perros.”

He oído bastantes argumentos para que no se remueva la tierra que cubre las fosas, pero ninguno convincente. ¿Cómo se puede hablar de reabrir las heridas de la guerra civil, cuando obviamente nunca se han cerrado para los familiares de los que todavía se encuentran enterrados en campos y cunetas? Para mí, que alguien quiera encontrar y dar sepultura a sus familiares muertos, no se puede considerar buscar venganza o ganar ahora con medios pacíficos lo que se perdió entonces en el campo de batalla.

La solución de este problema es más una cuestión de respeto, no tanto por los muertos sino por los conciudadanos vivos. No se trata de quitar nada a nadie, sino, como escribió Joaquín Leguina en un comentario en El País el otro día, de “ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos – todos - sean también de todos.”
En esto ha fallado no solamente el Gobierno socialista, que ha hecho muy poco para cambiar la situation a pesar de la aprobación de la llamada Ley de Memoria Histórica. Casi todos los actores desde el nivel municipal hasta la Iglesia y el Partido Popular tienen su parte de la culpa de que las fosas todavía sean un tabú y que las exhumaciones se tengan que realizar por iniciativa privada, con escasas ayudas materiales y económicas, si las hay, y casi clandestinamente.
Últimamente, ha resurgido por enésima vez el debate sobre este tema con el Caso Garzón, por la polémica investigación del juez de las desapariciones forzosas durante y después de la Guerra Civil. Sin embargo, el debate esta vez se ha desviado un poco hacia una discusión sobre la pertinencia actual de la Ley de Amnistía del 1977.
Esto me parece un error, no sólo por romper con la idea del consenso como base de la Transición, como muchos han dicho. Abrir procesos judiciales ahora no tiene mucho sentido. A estas alturas no va a aportar mucho y, con casi toda seguridad, no va a facilitar una solución al problema de las fosas, cada día más urgente para los familiares que llevan ya más de 70 años esperando.

Cuando he preguntado a gente en España por las razones de todo este lío, muchos me han respondido que la situación aquí es más complicada que en otros sitios por la tumultuosa historia reciente con una guerra civil sangrienta, una dictadura larga y cruel y una democrácia joven que ha evolucionado vertiginosamente.
Hasta cierto punto puede que sea verdad que “Spain is different” en este sentido. Pero hoy en día la diferencia yace casi más en el hecho de que los españoles aun no han logrado enterrar el hacha de guerra del pasado. Dar sepultura a los muertos de ambos bandos por igual podría ser un paso importante para lograrlo.